(Tomado de www.elespectador.com  - 10/10/2019)

El debate llegó al alto tribunal por una demanda del exministro Juan Fernando Cristo. La mayoría de las entidades y expertos consultados coinciden en que se debe prorrogar su vigencia.

Por ahora, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, creada por el gobierno de Juan Manuel Santos, terminará de operar en junio de 2021. Sin embargo, a raíz de una demanda del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, eso podría cambiar. El exministro le pidió a la Corte Constitucional que amplíe el plazo de vigencia de la norma, para proteger a las víctimas y al Acuerdo de Paz con las Farc. Y, dada la relevancia y complejidad del tema el alto tribunal citó a una audiencia pública a personajes claves de la política nacional para conocer sus posturas, así como las posibles implicaciones de ampliar el tiempo de operación de la ley.

En el primer bloque de intervenciones la Corte buscaba esclarecer qué implicaciones tiene la Ley de Víctimas sobre el cumplimiento del Acuerdo. Para entenderlo, se citó al exministro Cristo, al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; a la Procuraduría; a la Defensoría del Pueblo; al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, Alberto Brunori; a senadores del Centro Democrático; a la Jurisdicción Especial para la Paz; a uno de los hombres que confeccionó el Acuerdo, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo; y al centro de estudios jurídicos Dejusticia.

La mayoría de los intervinientes estuvo de acuerdo en la necesidad de prorrogar la vigencia de la Ley. Por ejemplo, el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, le dijo a los magistrados que si no se amplía la vigencia y la Ley de Víctimas se cae, "se generaría un vacío normativo que tendría un impacto contrario a la Constitución". Con esta postura coincidió la Defensoría del Pueblo, entidad que también le explicó a los magistrados la intención de "integralidad" que tiene la normatividad de víctimas -que creó, entre otras entidades, la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras y la Mesa Nacional de Víctimas- con el Acuerdo de Paz.

En el mismo sentido, Sergio Jaramillo, quien estuvo al interior de la construcción de ese andamiaje institucional para la paz, aseguró que lo creado por la Ley de Víctimas se tomó como "avances" con los que ya se contaba cuando se iniciaron las negociaciones con las Farc en La Habana. "Acordamos con el expresidente Santos: 'no vamos a negociar con las Farc cosas que ya existen'", dijo Jaramillo. Otra postura mostró José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, quien fuera el único que se opuso a la prórroga que pide la demanda, que según él "está basada en especulaciones y valoraciones personales", porque ya en ocasiones anteriores la Corte ha aclarado que definir la vigencia de una Ley es una facultad exclusiva del Congreso.

Asimismo, la Corte quería conocer qué tan adelantada va la implementación de la Ley de Víctimas y cuáles son los escenarios posibles si pierde vigencia, pues uno de los puntos de la demanda es, precisamente, que "ninguna norma posterior ha mejorado, suplido o absorbido su oferta de garantías de reparación para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno que vivió el país". Para discutir este punto fueron citados el Alto Comisionado para la Estabilización; el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez; el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, así como un representante de la Mesa Nacional de Víctimas y del observatorio de restitución.

Ni la Alta Consejería para la Estabilización, ni la Unidad de Víctimas se refirieron en particular a lo que pide la demanda, pero sí expresaron que existe una estrecha "complementariedad" entre lo que dispone el Acuerdo y lo que ordena la Ley de Víctimas. Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, coincidió con Gaviria, en decir que la autoridad llamada a definir la vigencia de una Ley debe ser el Congreso y no la Corte. Además, señaló que el límite de vigencia que existe al día de hoy "no fue arbitrario, sino que obedeció a la observación de datos estadísticos" que hizo, en su momento el legislativo.

Para el representante de la Mesa Nacional de Víctimas es claro que los fines para los que fue creada la Ley, no se han satisfecho totalmente todavía. "Sin la vigencia de la Ley no solo se derrumba la arquitectura institucional, sino también la voz y representación de las víctimas", señaló el líder Odorico Guerra Salgado, quien además citó varios estudios que demostrarían que para lograr la reparación y satisfacción total de los derechos de las víctimas, se necesitaría que la Ley opere durante 10 años más.

Por otro lado, el alto tribunal quería conocer el estado actual y las implicaciones financieras y fiscales de ceder a lo que pide la demanda del exministro, pues la Ley de Víctimas creó varias entidades y supone retos, por ejemplo, en la reparación de las víctimas. En este escenario, la Corte pidió el concepto del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El responsable de la cartera de Hacienda, que presenta, entre otras cosas, el Presupuesto de la Nación año a año. Según los datos que presentó Carrasquilla, para el funcionamiento de la Ley de Víctimas se han utilizado $40 billones más de lo que inicialmente se planeó. Asimismo, el ministro fue enfático en asegurar que, de salir de funcionamiento la Ley, "bajo ningún punto de vista" el Estado va abandonar a las víctimas, porque en el presupuesto nacional seguirán disponibles los recursos.

Pero también fueron citados congresistas de las comisiones de Paz de ambas cámaras, pues la Corte quería entender por qué la petición del exministros Critso no se ha podido tramitar en el Capitolio. De la Cámara de Representantes, la llamado a dar su concepto fue Juanita Goebertus, del Partido Verde, y del Senado, Roy Barreras, del Partido de la U.

Goebertus, que hizo parte de la mesa de diálogo de La Habana y conoce a fondo el Acuerdo, sentenció en su declaración: “La pregunta no es tanto si es constitucional que exista un límite, sino si ese término es suficiente para cumplir el Acuerdo de Paz, y la respuesta es que no”. Por su parte, Barreras se acogió a lo expuesto por la mayoría de entidades: "La pérdida de vigencia eventual de esta ley es contraria al marco constitucional para paz. La Ley de Víctimas no es una ley aislada ni coyuntural, aparece en el escenario de la construcción continua hacia la paz".

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