(Tomado de www.consejodeestado.gov.co  - 18/09/2019)

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que interpuso una pareja con la intención de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le reparara los daños causados por la enfermedad cerebral que le fue diagnosticada a una niña que adoptaron en Ocaña (Norte de Santander) en 1999.

La en ese entonces menor de edad padece de esquizencefalia, una enfermedad que afecta las capacidades motoras y de lenguaje y que llevó a que la paciente fuera dictaminada con una pérdida de la capacidad laboral superior al 97 % en el 2004, antes de cumplir los cinco años de vida.

Aunque los padres no solicitaron que se revocara la adopción, pidieron que se les resarciera el daño moral y material que padecieron al tener que solventar los altos costos del tratamiento de su hija sin que el ICBF le hubiera proporcionado oportunamente la información acerca del estado de salud de la niña. Ello llevó a que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declarara a esta entidad responsable de los perjuicios, al haber sometido a los demandantes a unas obligaciones desproporcionadas.

Sin embargo, el Consejo de Estado revocó la sentencia y absolvió a la entidad demandada, por considerar que la enfermedad de la niña y los daños que esta les ocasionó no podían derivar en la responsabilidad del organismo demandado.

A juicio de la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se produjo la adopción los exámenes médicos no reflejaban que la en ese entonces menor de edad padeciera el grave daño de salud que en la actualidad la aqueja y tampoco se logró probar que en ese momento fuera viable practicarle los exámenes médicos por medio de los cuales, posteriormente, se le diagnosticó la enfermedad.

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